Agravios legales

Plantactiva

Les cito lo que dice la ley que se aplica a casos como el que se juzga hoy en León:

Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a nueve años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud (…) se agrava la pena al tratarse de una cantidad de notoria importancia (…) Se impone la pena superior en grado -de nueve a quince años-, cuando las conductas tengan lugar en establecimientos penitenciarios o en sus proximidades.

Fíjense en las difusas referencias a la ‘cantidad’. El precepto legal es aplicable lo mismo si le pillan con una chinita en el bolsillo, o fabricando cocaína en el baño de su casa. Será el juez quien decida.

¿Y que hay del ‘principio de insignificancia’, cuando la cantidad incautada es ridícula? Pues que, pasmosamente, tampoco se nos aplica:

Conforme al principio de insignificancia la conducta es atípica cuando la cantidad de droga es tan insignificante que resulta incapaz de producir efecto nocivo alguno a la salud (sentencia de 11 de diciembre de 2000, 1889/2000). Este principio de insignificancia se ha aplicado de manera ocasional al trafico de drogas, aunque la ultima jurisprudencia dice que no es posible su aplicación porque al tratarse de un delito grave el peligro abstracto ya es suficiente para justificar su intervención (Recurso de Amparo 563/2007). Solo se aplica de manera excepcional y restrictiva cuando la “absoluta nimiedad” de la sustancia ya no constituya una droga tóxica o estupefaciente sino un producto inocuo

¿Peligro abstracto? … Tiene narices.

Y recuerden que hablamos de un delito SIN víctima. Ahora, comparemos con las penas para algunos delitos CON víctima:

Violación, pena de seis a doce años.

Abusos sexuales sobre menores, pena de uno a tres años.

Robo con violencia en las personas, pena de dos a cinco años.

Atentado contra miembros del Gobierno central o autonómico, pena de cuatro a seis años (con independencia de la pena que se imponga por homicidio o lesiones).

¿Sigo?