Decíamos ayer …

Plantactiva

Hace hoy justamente diez años, los socialistas hablábamos así, ni más ni menos que en sede parlamentaria ¿Qué ha cambiado desde entonces?

No me contesten, que es retórica …

CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 227
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA
MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 219
celebrada el martes, 13 de abril de 1999

Por el Grupo Socialista, la señora Varela tiene la palabra.

La señora VARELA VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, se va a someter a votación para su toma en consideración una proposición de ley de modificación de la Ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, en relación con la tenencia de drogas para el consumo propio. El objetivo de la redacción propuesta, al suprimir la expresión «así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfico», limita la aplicación del citado artículo 25 de la Ley de seguridad ciudadana únicamente al consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal, así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo, manteniendo su calificación como infracción grave. En coherencia con la modificación propuesta, se suprime el mismo concepto de tenencia ilícita en el apartado 2 del artículo 29, que determina el ámbito material de la competencia de los alcaldes para imponer las sanciones correspondientes.

Pues bien, antes de entrar a valorar la coherencia técnica de la iniciativa formulada, quiero decir que cuando comienza la tramitación del proyecto de ley de seguridad ciudadana la situación de represión del tráfico de drogas en España tenía los siguientes problemas. En primer lugar, tanto el legislador español como la jurisprudencia del Tribunal Supremo no eran partidarios de someter a sanción penal a los consumidores de drogas y, así, la reforma de 1983 sancionó en el propio Código Penal la situación preexistente de no incriminación.

Pero esto acarreaba problemas, ya que el tráfico permanecía en muchos casos sin castigo, al quedar disfrazado ese pequeño tráfico como si fuera para consumo.

Por otra parte, el consumo en público generaba un rechazo hacia los toxicómanos. Ese rechazo se trasladaba a los centros de atención, que eran por cierto recibidos con hostilidad por los vecinos y eran percibidos sin duda como una amenaza para la salud de la comunidad.

Por tanto, la Ley de seguridad ciudadana estableció una sanción administrativa que permitió a España cumplir sus compromisos internacionales de sancionar el consumo de drogas de acuerdo con su derecho interno, establecido en varios convenios y convenciones internacionales y directamente recogidos en el texto de la Convención de Viena de 1988. Redujo sin lugar a dudas muy notablemente los consumos más escandalosos y los percibidos como amenaza por la sociedad, disminuyendo también el rechazo hacia los centros de atención, y también tuvo efectos positivos hacia el colectivo de consumidores, incitándoles a establecer, mediante la suspensión de la sanción si se entraba en un proceso de deshabituación, contacto con el sistema asistencial. Sin sancionarlos penalmente, se les lanzó el mensaje de que no era indiferente su tragedia personal y que se estaba en disposición de motivarles para que iniciaran tratamientos.Por tanto, en su día, el artículo 25 de la Ley sobre protección de la seguridad ciudadana tuvo un importante efecto positivo en la opinión pública, al disuadir de la práctica de consumos escandalosos, con un fuerte impacto en la sensibilidad ciudadana y que atribuía a los toxicómanos una imagen social que dificultaba su atención y reinserción social. No obstante, dicho efecto positivo, recogido por cierto en numerosos estudios sociológicos y encuestas, no es obstáculo en el Grupo Parlamentario Socialista para que podamos examinar algunos de los problemas que se han evidenciado en la aplicación posterior de la ley.

En primer término tenemos el problema de la criminalización de los toxicómanos. En los últimos años el número de detenidos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por cuestiones relacionadas con las drogas ha ascendido, pasando de 31.703 en 1994 hasta 78.847 en 1997 -en estas estadísticas no figuran las detenciones de las policías municipales-. De ellos, más de 44.000 lo son por cuestiones relacionadas con el cannabis. Sin embargo, en este mismo período de tiempo, descendió el número de procedimientos judiciales por tráfico de drogas, señal inequívoca de que cada vez se producen más detenciones sin que luego den lugar a un procedimiento. En segundo término está el problema de las sanciones. En la ley se calificó el consumo o tenencia pública como infracción grave sancionada con carácter mínimo con 50.000 pesetas; sanción evidentemente desproporcionada para una simple tenencia de sustancias que causen daño menos grave a la salud y que, en la práctica, dificulta la ejecución material de la misma sanción, que se impone normalmente a un colectivo que generalmente se declara insolvente.

Paradójicamente, una sanción menor tendría un mayor efecto disuasorio al ser más viable su cobro. Además, el hecho de que el caso de consumo por menores recaiga sobre sus padres es contraproducente.

El tercer problema es el de la no distinción entre sustancias, lo cual aboca en la inmensa mayoría de los casos a la interposición de la sanción mínima, sea cual sea la sustancia intervenida. Ello también crea problemas al sistema asistencial, ya que la sanción podrá suspenderse si el infractor se somete a un tratamiento de deshabituación en un centro o servicio debidamente acreditado. ¿Cuál es el tratamiento de deshabituación previsto para un consumidor ocasional de sustancias que no causen grave daño a la salud? ¿Cómo pueden determinarse reglamentariamente tiempos similares para el tratamiento de un consumo ocasional de psicofármacos y para el de una adicción a la heroína o cocaína? No se puede entender el mismo tratamiento para un fumador de hachís que para un heroinómano. No distinguir entre sustancias impide tratar de manera adecuada situaciones muy distintas de consumos muy diferentes de sustancias con efectos también diferentes.

El cuarto problema general es no haber protocolizado en su día, mediante acuerdos con las comunidades autónomas, cómo debe entenderse realizado este sometimiento a un tratamiento de deshabituación, que normalmente se considera imprescindible en los casos de adicción a drogas que causan un daño más grave a la salud. Tampoco debe hacerse la regulación de los programas mediante reglamentos de la Administración sancionadora, sino que deben quedar bajo la exclusiva responsabilidad del sistema terapéutico.

En cuanto a la coherencia técnica de la iniciativa formulada, cabe realizar las siguientes observaciones. La proposición de ley, al no suprimir la referencia «siempre que no constituya infracción penal» que contiene el artículo 25.1 de la ley, conduce al equívoco de que, dada la modificación propuesta, que excluye expresamente la tenencia ilícita como infracción sancionable, el consumo en lugares públicos sea un hecho que asimismo pueda constituir una infracción penal, supuesto claramente excluido del Código Penal vigente en su artículo 368, que únicamente sanciona la posesión siempre referida a los fines expresamente contemplados en el propio texto legal.

No tiene sentido por otra parte mantener como infracción administrativa en la legislación de seguridad ciudadana el abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo, ya que el Código Penal vigente, aprobado con posterioridad a dicha ley, ha establecido en el artículo 630 falta sancionable en el ámbito penal para los que abandonaran jeringuillas en todo caso u otros instrumentos peligrosos, de modo o con circunstancias que pudieran causar daño a las personas o contagiar enfermedades o en lugares frecuentados por menores, con penas de arresto de tres a cinco fines de semana o multa de uno a dos meses. Dicho de otro modo, la actividad de abandono en sitios públicos de útiles o instrumentos empleados para su consumo, tipificada como infracción grave en la Ley de seguridad ciudadana, ha quedado, por aplicación del Código Penal vigente, limitada al supuesto absurdo de abandono de útiles o instrumentos como mecheros o cerillas, papel de liar, etcétera, ya que el abandono de jeringuillas y otros instrumentos más peligrosos para la salud o la integridad de las personas recibe actualmente su correspondiente sanción en el ámbito penal.

Por último, los proponentes no cuestionan otros aspectos contemplados en la Ley de seguridad ciudadana relativos a medidas como la incautación de las sustancias utilizadas para el consumo en público o la procedencia del tratamiento alternativo de deshabituación, que puede suspender la sanción correspondiente.

Desde una óptica preventiva y con el objetivo de corregir los efectos que la propia aplicación de la norma ha revelado, ya citados anteriormente, al Grupo Parlamentario Socialista le parece interesante apoyar la proposición de ley, a pesar de que creemos que no contempla la globalidad de los problemas que existen en la actualidad y de que tenemos dudas sobre su redacción, pero nos permitiría utilizarla en la vía de enmienda para mejorar la eficacia y la eficiencia de la norma corrigiendo algunas de sus aplicaciones negativas e incentivando sus objetivos globales, como son motivar a los consumidores de drogas a cesar en sus consumos y a iniciar tratamientos sin criminalizarles en modo alguno, disminuir los consumos que son más vividos por la comunidad ciudadana como una agresión, disminuir el rechazo social a los toxicómanos y finalmente mantener el punto de equilibrio que la legislación y la jurisprudencia española han defendido siempre, conceptualizando el tráfico de drogas como un delito y el consumo ilegal de drogas como un problema que no se soluciona con medidas represivas sino preventivas y asistenciales.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Varela.