Generación Ni-Ni del poder público

Plantactiva

abuso policialL@M/Imágenes de televisión española TVE dan fe de como la policía tolera el delito y empicota a la víctima. Esto sucede en una sociedad donde es más económico dejar libre a un narcotraficante (300€ le cuesta al juez Baltasar Garzón) que tener un porro en el bolsillo (a partir de 301€ para un ciudadano sin privilegios).

El reportaje de Comando Actualidad sobre marginalidad y drogas, emitido en varias ocasiones, muestra a los agentes del orden consintiendo la venta ilegal de drogas adulteradas en La Cañada Real de Madrid y cacheando a los clientes al entrar o al salir del supermercado de la droga (uno de los consumidores es grabado en ambas circunstancias). Los contrabandistas no necesitan porteros ni matones, la autoridad uniformada hace la función.

El dispositivo consta de, al menos, 10 vehículos. Quiénes menos riesgo corren son los presuntos delincuentes. Uno de los responsables de la operación se justifica ante la reportera: Contra el trafico no hay nada que hacer, es que se necesitan muchos medios, es que tienen puertas blindadas, es que hay muchas casas, es que están organizados, es que el juez solo  da orden de registro para una,… La periodista da crédito a las excusas.  El portavoz policial completa la coartada: Cuando sabemos que hay más droga de lo habitual, entonces actuamos. No habla de cantidades. Podría calcularse la cantidad de droga que permite almacenar y distribuir el particular salvoconducto, si se tiene puerta blindada y se cumplen otros requisitos.

¿A quién beneficia esta situación?

El traficante gana por tres costados, por lo que le cobra al consumidor, por lo que no tributa y por el permiso policial sin papeles (que no sin precio).

El ciudadano, que obtiene el dinero recaudado con las sanciones al consumidor, deja de ingresar mucho más por la ausencia de impuestos y sufraga el gasto policial de acosar al consumidor y proteger al narco.

El consumidor, además del coste como ciudadano, desembolsa un sobreprecio por una sustancia adulterada, apoquina por las sanciones y contribuye para que la policía lo discrimine cuando debería de protegerlo.

La generación NI-NI de los poderes públicos

Ni hacen nada contra la venta ilegal de drogas, ni respetan los derechos de los consumidores otorgados por el artículo 51 de la Constitución Española, que asegura que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos.

Cuando las drogas son legales (como lo es el alcohol o el valium y lo ha sido el opio con toda naturalidad) los beneficios del traficante son residuales, la administración ingresa líquido a través de los impuestos y los consumidores no se diferencian de los ciudadanos.

La legalización de todas la drogas es un objetivo saludable para la sociedad.

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